El diputado del PSOE Felipe Sicilia ha presentado en el Congreso cuatro preguntas sobre la investigación judicial en torno a un presunto expolio de aves rapaces en Andalucía y si la Guardia Civil indagó sobre el programa de reintroducción del águila imperial y las personas autorizadas para su captura.
En las preguntas, a las que ha tenido acceso Efe, el diputado pide al ministro del Interior que responda si durante las investigaciones de la denominada Operación Horus la Guardia Civil pidió a la Junta de Andalucía algún informe sobre la existencia del programa de reintroducción del águila imperial y las personas que estaban habilitadas para la captura legal de ejemplares para fines científicos.
La denuncia de la Guardia Civil correspondió al juez de instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), quien en septiembre pasado se inhibió a favor de diez juzgados de toda España y eliminó la acusación de formar parte de una red organizada que inicialmente había imputado a 12 personas, entre ellas el director del centro de cría del águila imperial de San Jerónimo (Sevilla) y otros científicos.
Ahora, el diputado socialista pregunta al Gobierno «por qué razones la Guardia Civil dirigió a los Juzgados de Sanlúcar la Mayor la investigación de la operación, cuando la misma afectaba a varias comunidades autónomas y diferentes partidos judiciales».
Por otra parte, indaga por qué la Guardia Civil concedió una distinción al magistrado instructor al mismo tiempo que estaba llevando a cabo la instrucción judicial del caso.
Finalmente, pregunta cuáles han sido los medios materiales y humanos empleados por la Guardia Civil para investigar la Operación Horus.
Los implicados, según la acusación de la Guardia Civil, robaban huevos y pollos de águila imperial del medio natural y los llevaban al centro de Sevilla, donde los presentaban como nacidos en este centro para seguir cobrando subvenciones de la administración andaluza.
Los científicos imputados han denunciado hoy a Efe que esta investigación policial «implicó la detención, el interrogatorio, el registro de vivienda, la interceptación de sus comunicaciones y el linchamiento mediático de los responsables del Plan de conservación del águila imperial ibérica en Andalucía».
«Un proyecto exitoso, que ha conseguido pasar de 26 parejas de águilas imperiales en Andalucía en el año 2001 a 81 en el año 2012, que logró evitar la muerte de 104 pollos en el nido y que fueron utilizados para reforzar la exigua población de águilas imperiales en Doñana y para crear una nueva población en la provincia de Cádiz, donde se había extinguido hace unos 60 años», han añadido.
Los científicos lamentan que, ahora, el juez se haya inhibido a favor de juzgados de Jaén, Córdoba, Ciudad Real, Coín (Málaga), Baracaldo (Vizcaya), Bilbao, San Lorenzo de El Escorial (Madrid), Lorca (Murcia) y Avilés y Cangas (Asturias), donde viven los cetreros y aficionados imputados y al no apreciar que constituyesen una red organizada.
A juicio de los imputados, el error cometido al «confundir a científicos con expoliadores» ha paralizado «un proyecto medioambiental ejemplar, reconocido internacionalmente y originando un verdadero daño a una especie en peligro de extinción».
Fuente:
27/11/2012 The text is https://www.justbuyessay.com not serial or particulate because