La Comisión Europea tiene previsto expedientar a España por irregularidades medioambientales en la sierra de Cazorla. Las autoridades españolas, presuntamente, no siguieron todas las obligaciones europeas cuando la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir otorgó una concesión de aguas públicas para regar con ellas olivares privados en los límites del parque natural de Jaén.
Bruselas ha solicitado al Gobierno español (al menos en dos ocasiones; la última en enero) información concreta y detallada sobre la situación del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas. Pero considera insuficiente la respuesta. Por ello, el colegio de Comisarios aprobará en breve la apertura de un procedimiento sancionador.
El asunto se ha discutido en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, en donde los eurodiputados han escuchado la queja de la «Plataforma Valles Verdes», que denuncia el impacto de las captaciones y perforaciones de pozos para irrigación que se están produciendo en el espacio protegido.
Mientras el Ejecutivo comunitario formaliza el procedimiento de infracción y éste se resuelve, los eurodiputados han recomendado que el caso sea elevado a los tribunales para que se suspendan las extracciones hasta que concluya el expediente, para evitar que se originen daños en el entorno mientras tanto.
Evaluación exhaustiva
Un representante de la Dirección General de Medio Ambiente del Ejecutivo comunitario ha anunciado la decisión de Bruselas, argumentando que existen «dudas razonables» de que las autoridades españolas no hayan controlado de manera adecuada el caso para ofrecer una evaluación exhaustiva y detallada.
La CE quiere aclarar si las perforaciones vulneran las reglas de la Unión Europea, en especial las que marcan la directiva de Hábitats naturales, la directiva marco del Agua y una tercera sobre evaluación del impacto medioambiental en proyectos.
El denunciante explica que las perforaciones en los acuíferos se están llevando a cabo dentro de un plan de irrigación de gran envergadura e iniciativa privada para la puesta en regadío de 654 hectáreas de olivar.
También critica que se autoricen tales trabajos en un entorno declarado parque natural por la Junta de Andalucía y Reserva de la Biosfera por la Unesco, además de estar catalogado como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Importancia Comunitaria (LIC).
Fuente: abc.es