La Junta de Andalucía ha destinado desde 2004, con la puesta en marcha de la Estrategia para la erradicación del uso ilegal de cebos envenenados en Andalucía’, 5.187.610 euros, reduciendo gracias a las medidas desarrolladas desde entonces un 40 por ciento la utilización de venenos, facilitando al mismo tiempo la conservación y recuperación de las aves carroñeras y otras rapaces afectadas por esta actividad.
La Consejería de Medio Ambiente, que ha convertido en la lucha contra el veneno una de sus «prioridades», ha conseguido poner a Andalucía a la cabeza en esta materia en Europa con los siete años de desarrollo de la Estrategia, según informa el departamento de José Juan Díaz Trillo a Europa Press. En este sentido, ha recordado que durante este año 2011 ha invertido en esta lucha más de 500.000 euros y ha anunciado que los recursos económicos que se destinarán para erradicar el uso del veneno se van a mantener, esto es, medio millón de euros aproximadamente. «La Consejería no tiene previsto ni recortar ni ampliar la dotación económica», ha matizado.
Cabe recordar que Andalucía es una de las regiones con mayor diversidad de fauna en Europa, constituyendo una de las áreas más importantes de España para la conservación de especies amenazadas como el águila imperial ibérica, el quebrantahuesos, el buitre negro y el alimoche. Además, es la «única» región del mundo con poblaciones de lince ibérico. «Es de tal magnitud la riqueza biológica de Andalucía que se la ha reconocido como ‘punto caliente de biodiversidad’, esto es, región biogeográfica importante del mundo según el número de endemismos y el grado de amenaza sobre la biodiversidad», ha subrayado la Consejería de Medio Ambiente.
«La responsabilidad del Gobierno andaluz y en concreto del departamento medioambiental en materia de conservación de la biodiversidad es elevada», ha advertido.
El uso de cebos envenenados supone «una mortal amenaza» para las especies catalogadas. A pesar de estar prohibido desde 1983, las poblaciones actuales de algunas especies catalogadas de Andalucía han llegado a unos niveles «preocupantes con riesgo incluso de extinción». En los últimos años la muerte de algunos ejemplares de buitre negro, alimoche, águila imperial ibérica, quebrantahuesos e incluso de lince ibérico ha hecho «saltar la alarma a unos límites inesperados», ha recordado.
El Código Penal considera delito la colocación de cebos envenenados en el medio natural, obligando además a la titularidad de los aprovechamientos cinegéticos a velar por la no existencia de cebos envenenados en sus cotos. En consonancia con lo anterior, y en las líneas de trabajo definidas en la ‘Estrategia nacional contra el uso ilegal de cebos envenenados en el medio natural’, la Junta dentro de las materias y actuaciones que forman parte de su ámbito competencial, puso en marcha en 2004 la ‘Estrategia para la erradicación del uso ilegal de cebos envenenados en Andalucía’.
El planteamiento metodológico del Programa se asienta en la ejecución de un plan de acción que contiene 61 medidas agrupadas en tres grupos, obtención de información, prevención y disuasión; y persecución del delito.
2.000 INSPECCIONES CON PERROS
En este sentido, indica que las principales líneas de trabajo se han centrado en la creación de Unidades Caninas Especializadas, «medio más eficaz para detectar el veneno», pues desde su puesta en marcha a finales de 2004 se han realizado 2.000 inspecciones en cotos de caza y explotaciones ganaderas. Además, se ha creado patrullas de Agentes de Medio Ambiente especializados en coordinación con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. De modo similar a las Brigadas de Investigación de Incendios Forestales (BIIF), han nacido las primeras Brigadas de Investigación de Envenenamiento de Fauna (BIEF).
Con respecto a la formación, se están desarrollando ‘Cursos de formación en investigación policial y forense’ para Agentes de la BIEF y del Seprona y técnicos de las delegaciones provinciales; sesiones de trabajo, de las que se han realizado más de 2.000, con cazadores y ganaderos; reuniones de trabajo en Oficinas Comarcales Agrarias, y en delegaciones provinciales y comandancias de la Guardia Civil.
Por otro lado, resalta que las sentencias penales, la adopción de medidas cautelares en forma de suspensión de aprovechamientos y la incoación y resolución de expedientes sancionadores, ha hecho olvidar la sensación de impunidad que desde hace años se venía detectando en los envenenadores. Doce son ya las sentencias dictadas en Andalucía desde 2004 y es de destacar las sanciones económicas en 2009 a dos cotos andaluces por valor de 200.000 y 60.000 euros, y a la suspensión de la caza por el periodo de cinco años.
Igualmente, ha apuntado como vías de trabajo la dotación de material para la recogida y envío de muestras al Centro de Análisis y Diagnóstico de la Junta y a la policía científica, las jornadas con jueces, magistrados y fiscales de Andalucía. Una de las iniciativas más importante es la participación en tres proyectos Life+ contra el veneno. Por último, ha subrayado la difusión de la Estrategia en los medios y la creación de la Unidad Forense de Apoyo (UFOA).
A pesar de que las acciones desarrolladas por la Estrategia contra el veneno en las zonas de liberación y campeo de quebrantahuesos han supuesto una reducción significativa en su uso, es «necesario» reforzarlas para erradicarlo de manera definitiva en ese espacio. Por ello, el departamento de José Juan Díaz Trillo, según ha recordado a Europa Press, ha puesto en marcha un plan de ‘Refuerzo de actuaciones para la erradicación del uso del veneno en el Parque Natural Sierra de Castril y en las vecinas sierras de La Cabrilla y del Pozo’.
APOYO INTERNACIONAL
«Un modelo de intervención justificado en ocho grandes líneas de trabajo diseñadas para la erradicación definitiva del uso ilegal del veneno en los territorios de su ámbito de actuación, precedente en Europa y con el apoyo de prestigiosas instituciones internacionales como la Vulture Conservation Foundation (VCF) y la Black Vulture Conservation Foundation (BVCF) además del Programa Europeo de Especies Amenazadas (EEP)», ha apuntado.
A corto plazo, se pretende disuadir el uso ilegal del veneno mediante actuaciones penales y administrativas, mientras a largo plazo pretende modificar la conciencia social del sector de la población que «aún lo utiliza o justifica su uso y en todo caso provocar el aislamiento social, por rechazo, de las personas que empleen los cebos envenenados como método ilegal de control de depredadores».
Por último, la Consejería apuesta por la difusión de números de teléfono para realizar las denuncias del uso de cebos envenenados o el hallazgo de cadáveres.
Fuente: europapress.es